tactica y estrategia

Las libertades que nos faltan son las vergüenzas que nos quedan

martes, octubre 09, 2007

ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESION.



Las libertades que nos faltan son las vergüenzas que nos quedan.

Las siguientes líneas pretenden sólo dar curso a un cúmulo de ideas contenidas respecto de la violación a la libertad de expresión en nuestro país, anhelando, eso sí, ser la chispa que encienda la pradera de la reflexión y de la discusión, pero, en ningún caso, ya sea por la extensión, como por los escasos conocimientos del autor, un documento de desarrollo doctrinario del tema.
La pomposa postulación del Estado de Chile a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se vino rodeada de un sinnúmero de parabienes y reconocimientos, nos lleva necesariamente a mirar para adentro
[1], y revisar qué pasa en este ejemplar país.
Desde hace tiempo, sobretodo con la aparente perpetuación de los gobiernos de la Concertación (uno de cuyos partidos integro, además), al estilo del PRI mexicano, que he advertido un excesivo celo en la protección de la seguridad (pública, agregan), prefiriéndola por sobre otros derechos esenciales. En efecto, asistimos a una constante, en ocasiones encubierta y a veces explícita, vulneración a uno de los principales pilares de una comunidad democrática, la libertad de expresión.
La libertad de expresión es la facultad que tienen todas las personas de expresar sus ideas. Libertad que como adelantamos, es consustancial a la existencia misma de un sistema democrático, y cuya limitación sólo debe supeditarse a intereses efectivamente superiores de la sociedad.
Lamentablemente el Estado chileno ha tendido a buscar herramientas para protegerse del actuar de los ciudadanos, quienes legítimamente mediante diversas formas representan a la autoridad su descontento sobre cualquier tema de su interés, ejerciendo de esta forma su opinión. Un ejemplo de esto fueron los escolares quienes durante 2006 manifestaron su interés en la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza-LOCE, realizando para esto diversas manifestaciones pacíficas (la mayoría de las veces). Pero la autoridad a través del sistema policial se encargó de reprimir manifestaciones, so pretexto de realizarse sin autorización y de alterar el orden público. Esta actitud de la autoridad ha sido una constante, llegando a confundirse el desorden con la expresión.
Muestra de los abusos es que el Estado chileno ha violado en este tiempo normas establecidas en la Convención Americana de Derechos, a saber el art. 13 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, idea fuerza consagrada en nuestra Constitución en el art. 19 Nº 12 pero tal libertad, es trunca si se le analiza estáticamente, ya que ésta comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”
[2]En efecto, nuestro Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negar el acceso a la información pública, tras una solicitud al Comité de Inversiones Extranjeras, relacionada con el proyecto Trillium en 1998. El fallo determina que “el Estado viola el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención". Los chilenos aún no gozan del libre derecho a expresar sus opiniones ni tampoco existe libre acceso a la información pública[3]
La libertad de expresión entonces, abarca además el acceso a fuentes de información que permitan un adecuado ejercicio de la libertad referida.
Más grave aún es la represión preventiva de la expresión ciudadana como lo ocurrido el 19 de septiembre recién pasado cuando varias personas de la asociación ANDHA Chile fueron detenidas por Carabineros en el interior del Parque O`higgins porque pretendían alterar la siempre “impecable” Parada Militar. El caso es que éstas portaban lienzos que pretendían mostrar durante el acto desde el sector del público. El gobierno de la Pdta. Bachelet justificó el actuar policial, ya que “Las féminas lanzaron consignas en el parque y la policía optó por apresarlas para sacarlas del lugar y evitar la manifestación contra la jefa de Estado”
[4].
Lo grave del accionar del gobierno fue que reprimió, mediante la detención, la tentativa de expresarse, atentando contra este derecho. Para justificarlo se esgrimió que “Deudores habitacionales, agrupados en la organización Andha-Chile, han protagonizado innumerables manifestaciones contra la Presidenta, interrumpiendo en más de una ocasión actos oficiales, en demanda de que el Gobierno gestione una solución para los compromisos que mantienen con la banca privada”
[5]
Lo relatado es una muestra de que se ha censurado (reprimido) previamente actividades que implican ejercicio de la libertad de expresión, vulnerado el Nº2 del art. 13 de la Convención Americana que dispone en lo sustancial que “El ejercicio (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
El estado busca mecanismos para protegerse del ataque de los ciudadanos, en circunstancias que en un sistema democrático, son éstos y no aquel quienes deben contar con mecanismos eficaces de protección de los abusos del poder estatal.
Queremos una sociedad democrática de verdad, en donde podamos caminar por las calles sin temor a ser reprimidos, en donde los 11 de septiembre la casa de gobierno no se encuentre sitiada con acceso sólo para los apitutados de siempre, donde la autoridad entienda que más importante que romper un vidrio es el ejercicio de la libertad de expresión. Reconocemos que los medios de comunicación están concentrados en 2 súper poderes (familias) económicos y que inciden directamente en lo que se ha llamado “opinión pública”, pero es misión de la autoridad política el fomento en todos los niveles del respeto a libertades esenciales, lo que no se está cumpliendo.
Los escolares, las familias agrupadas en ANDHA Chile, los mapuche, los pescadores, la Asamblea de Derechos Humanos (quienes no fueron autorizados a llegar a la puerta de Morandé 80), han sido sólo algunos de los casos de la actitud déspota de la autoridad, que ha vulnerado la libertad de expresión, ya limitada por el poco o nulo acceso a información veraz, amparándose en bienes jurídicos de dudosa tutela, como el orden público, la seguridad, y un sinnúmero de magnos principios que lo único que develan es un actitud timorata.

[1] Ver, a este respecto, art. “¿Cómo andamos por casa?” publicado en El Siglo ejemplar de la semana del 24 de sept 2007.
[2] Inc. 2º art. 13 Convención Americana de DDHH.
[3] De www.radio.uchile.cl
[4] Asi en www.cooperativa.cl
[5] Id. Anterior.